El 7 de septiembre de 2023, se envió una carta conjunta de 17 países en desarrollo con respecto a la entrada en vigor, el pasado 29 de junio, de la llamada ‘ley antideforestación de la Unión Europea (‘EU Deforestation Regulation’).
Brasil es uno de los países firmantes de esta carta dirigida a las principales autoridades de la Unión Europea, incluyendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
El objetivo de la iniciativa es reiterar preocupaciones sobre el carácter punitivo y discriminatorio de la normativa europea, así como destacar la importancia de que la Unión Europea mantenga un diálogo efectivo con los países productores, con el fin de evitar rupturas en el comercio y cargas excesivas para los productores de bienes agrícolas y derivados afectados por la medida.
Brasil mantiene un firme compromiso con la lucha contra la deforestación y ha fortalecido las actividades de fiscalización y preservación de los bosques brasileños, en particular en la Amazonía. Sin embargo, desde la perspectiva brasileña, la ley europea, además de entrar en conflicto con los principios que rigen el comercio internacional y los entendimientos multilaterales sobre el clima y la biodiversidad, presenta errores y desequilibrios en los aspectos económicos, sociales y ambientales del problema que busca abordar, de manera incompatible con la garantía efectiva del desarrollo sostenible.
La carta fue firmada por un grupo significativo de países de América Latina y del Caribe, de África y de Asia, que comparten las posiciones brasileñas: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominicana y Tailandia.
A continuación, se reproduce versión en español del texto completo de la carta, dada a conocer por la Embajada de Brasil en Quito el 22 de septiembre de 2023:
“Nosotros, abajo firmantes, al enviar esta carta, buscamos expresar nuestra profunda preocupación por la reciente entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR, por su sigla en inglés) el 29 de junio de 2023.
Como se afirmó en la carta fechada el 27 de julio de 2022, enviada por un grupo de países productores, esta legislación ignora las circunstancias y capacidades locales, las leyes nacionales y los mecanismos de certificación de los países en desarrollo productores, así como sus esfuerzos para combatir la deforestación y los compromisos asumidos en foros multilaterales, incluyendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Además, establece un sistema unilateral de evaluación de riesgos que es intrínsecamente discriminatorio y punitivo, lo que puede ser inconsistente con las obligaciones ante la OMC.
Dado que, a pesar de las múltiples expresiones de preocupación, especialmente de los países en desarrollo, la legislación comenzará a implementarse en menos de 18 meses, y que la UE aún está elaborando sus actos y directrices de implementación, instamos a la Comisión y otras instituciones de la UE a entablar un diálogo más significativo y abierto con los países productores que el promovido hasta ahora.
La UE debería trabajar para corregir su legislación o, como mínimo, buscar mitigar sus impactos más perjudiciales a través de directrices de implementación que valoren adecuadamente las prácticas sostenibles locales en las cadenas de valor agrícolas, tanto las ya aplicadas como las que están en desarrollo, y evitar perturbaciones comerciales, incluyendo la carga administrativa excesiva relacionada con los requisitos de geolocalización y trazabilidad, certificación y control aduanero.
El enfoque inflexible adoptado por la UE, implementado a través de este modelo de debida diligencia y trazabilidad, ignora las diferentes condiciones locales e inevitablemente impondrá costos enormes tanto a los países exportadores como a los importadores, así como a los productores y
consumidores.
Aunque estos costos son seguros, consideramos que la legislación por sí sola no tendrá un impacto positivo en las tasas de deforestación y podría incluso tener otros efectos adversos, como el aumento de la pobreza, la desviación de recursos y el retraso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los pequeños productores son especialmente vulnerables al EUDR y requieren apoyo especial. La UE debería reconocer los esfuerzos de los países en desarrollo para mejorar sus medios de vida y prácticas de sostenibilidad, así como los desafíos significativos que enfrentan estos productores, como el acceso limitado a esquemas de financiamiento, nuevas tecnologías y capacitación y asistencia técnica.
Los pequeños productores pueden verse excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino debido a su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos por el EUDR.
Esto privaría injustamente a los pequeños productores de una fuente importante de ingresos y subsistencia, e incluso afectaría su capacidad para adoptar prácticas sostenibles. Por lo tanto, solicitamos a la Comisión que formule actos de implementación y directrices claros y detallados que prevean regímenes de cumplimiento y debida diligencia diferenciados para productos y mercancías procedentes de pequeños productores en países en desarrollo, teniendo en cuenta que las PYME de la UE recibirán un tratamiento más flexible.
En conclusión, reiteramos nuestro compromiso con los ODS y con acuerdos y metas ambientales multilaterales. Dado nuestros objetivos compartidos y la necesidad de trabajar juntos para abordar desafíos globales, instamos a la UE a involucrarse en procesos de cooperación efectivos y diálogos significativos con sus socios en áreas de comercio y desarrollo sostenible, con el fin de abordar conjuntamente el impacto de la legislación de la UE y sus instrumentos de implementación, incluyendo el suministro de apoyo para facilitar el comercio», concluyó la carta.
