El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en coordinación con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, reafirmó su compromiso con la protección de Guápulo, una zona histórica de Quito declarada patrimonio arquitectónico y cultural en 1984.
Ante la construcción de un nuevo edificio en un área reconocida por su valor histórico, se han generado serias preocupaciones ciudadanas por el impacto visual y la posible pérdida de autenticidad del entorno, especialmente en relación con la iglesia del sector y otras construcciones históricas.
En este marco:
– Se ha conformado una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar el impacto del proyecto y definir estrategias que logren un equilibrio entre la protección del patrimonio y los derechos de propiedad.
– Se han dispuesto múltiples suspensiones de obra mientras se realiza un análisis técnico, jurídico y cultural integral. El MCyP ha actuado en cumplimiento estricto de las normas nacionales e internacionales de protección patrimonial.
– Se ha recomendado una reconsideración profunda del diseño para minimizar el impacto visual y respetar la estética cultural del entorno.
El Ministerio expresa su «preocupación frente a la permisibilidad evidenciada desde instancias municipales, que, al conceder autorizaciones sin el adecuado análisis de compatibilidad patrimonial, atentan directamente contra la integridad de zonas protegidas como Guápulo. Recordamos que ninguna autorización administrativa puede estar por encima del mandato legal de proteger el patrimonio cultural, cuyo deterioro es un daño irreparable a la memoria histórica de Quito y del país».
Durante las recientes reuniones de trabajo, a pesar de la disposición al diálogo, el Ministerio indió que se han registrado lamentables actos de hostilidad contra autoridades de esta cartera de Estado, que reafirman la necesidad de actuar con firmeza en defensa del interés público y del legado cultural.
La institución recuerda que la defensa del patrimonio no solo responde a compromisos legales internacionales, como las Normas de Quito (1967), la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad (1978) y la Ley de Cultura (2016), sino también al sentido común que impulsa la salvaguarda del patrimonio de todos frente a intereses particulares.